México avanza hacia una ley de inteligencia artificial: lo que empresas y ciudadanos deben saber

México está a semanas de convertirse en el primer país de América Latina en presentar una iniciativa de ley integral para regular la inteligencia artificial. El borrador, que ha circulado de manera extraoficial desde enero de 2026 entre legisladores, académicos y representantes de la industria tecnológica, perfila un marco que busca equilibrar la protección de derechos fundamentales con el fomento a la innovación. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles.

La iniciativa, impulsada por una coalición multipartidista liderada por las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Economía de la Cámara de Diputados, toma como referencia explícita el AI Act de la Unión Europea aprobado en 2024. Adopta su arquitectura central: una clasificación de sistemas de IA según niveles de riesgo — inaceptable, alto, limitado y mínimo — con obligaciones proporcionales para cada categoría. Sin embargo, introduce tres particularidades que reflejan la realidad mexicana y que han generado tanto aplausos como controversia.

La primera es una definición ampliada de “sector público” que obligaría no solo a dependencias federales sino también a gobiernos estatales y municipales a realizar evaluaciones de impacto algorítmico antes de implementar cualquier sistema de IA que afecte derechos ciudadanos. Esto es relevante en un país donde muchos programas sociales y decisiones administrativas ya dependen de algoritmos — desde la asignación de apoyos hasta la verificación de identidad — sin que exista hoy ningún mecanismo de auditoría independiente.

La segunda particularidad es un capítulo específico sobre transparencia en sistemas de IA usados para fines electorales, una inclusión que responde directamente a la experiencia de las elecciones de 2024 y 2025, donde la desinformación generada por IA fue un actor relevante en varias campañas. El borrador obligaría a etiquetar todo contenido sintético usado en propaganda política y establecería sanciones que van desde multas económicas hasta la pérdida del registro de candidatura en casos graves.

La tercera — y quizás la más polémica — es la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, un órgano autónomo con facultades de supervisión, sanción y emisión de normativas técnicas, similar en su diseño institucional al INAI pero enfocado exclusivamente en IA. La industria ha expresado preocupación por el riesgo de que este organismo se convierta en un cuello de botella burocrático que frene la innovación, sobre todo para startups y pymes que no tienen equipos legales para navegar procesos regulatorios complejos.

¿Qué significaría esta ley para las empresas que operan en México? Para las grandes corporaciones tecnológicas — Google, Meta, Microsoft —, el impacto sería acotado porque ya están adaptándose al AI Act europeo, que es en varios aspectos más estricto. Para las startups mexicanas de IA, la situación es más matizada. Por un lado, un marco regulatorio claro reduce la incertidumbre y puede facilitar el acceso a inversión institucional. Por otro, los costos de compliance podrían representar una barrera de entrada si no se diseñan mecanismos de proporcionalidad para empresas en etapa temprana.

Las organizaciones de la sociedad civil han recibido la iniciativa con cautela optimista. R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, ha señalado que la prohibición de sistemas de puntuación social — similares al crédito social chino — es un acierto, pero advierte que el texto no aborda adecuadamente los riesgos de sesgo algorítmico en el acceso al crédito y al empleo, dos áreas donde la discriminación automatizada ya es una realidad documentada en México.

En el plano internacional, el movimiento mexicano se alinea con una tendencia global que incluye no solo a la UE sino también a países como Brasil, que tiene su propio proyecto de ley en discusión, y Chile, que actualizó su política nacional de IA en 2025. La gran incógnita es si la ley mexicana logrará ese equilibrio delicado entre protección y fomento que todas las jurisdicciones están persiguiendo, o si se inclinará demasiado hacia uno de los dos polos.

El calendario legislativo prevé que la iniciativa se presente formalmente en el periodo ordinario que inicia en abril, con un proceso de parlamento abierto que incluiría audiencias públicas con expertos, empresas y organizaciones ciudadanas. Si todo avanza según lo planeado, México podría tener una ley de inteligencia artificial aprobada antes de que termine 2026, posicionándose como el referente regulatorio para América Latina en una de las discusiones más importantes de esta década.